La presidente de Brasil, que actuó en grupos guerrilleros, estuvo presa y fue torturada, apoyó la creación de la Comisión de la Verdad. Afirmó que "es deber del Estado" esclarecer el accionar del Gobierno militar
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La Comisión de la Verdad, aprobada la semana pasada por el Senado, "representa el rescate de la historia aún desconocida de Brasil", aseguró la mandataria Dilma Rousseff. Además, agregó que la investigación convertirá al Estado en uno "más transparente" y garantizará "el ejercicio pleno de la democracia". La dictadura brasileña dirigió el país entre 1964 y 1985.
Durante su programa semanal de radio, la Presidente afirmó que "esta comisión es importante para que la población y las generaciones futuras conozcan los hechos que ocurrieron en el pasado, principalmente durante la dictadura militar, cuando hubo personas que desaparecieron, fueron muertas y otras torturadas".
La jefa del Estado señaló que esa parte de la historia brasileña fue contada "en un régimen de censura, arbitrario y de represión en el que no existía libertad de expresión".
Rousseff conoció en carne propia la represión dictatorial. Militó en grupos guerrilleros en los que ocupó puestos de alta responsabilidad. Primero lo hizo en la Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares y después en el Comando de Liberación Nacional. Fue detenida en 1970 y sufrió largas sesiones de tortura durante 22 días. Su cautiverio se prolongó por tres años. La llamaban Stela, Luisa o Vanda, pero de su actividad durante la época, o sobre las torturas, no revela demasiados datos, "nadie sale de eso sin marcas", se limitó a definir en declaraciones para la revista brasileñaPiauí meses antes de ganar las elecciones de 2010.
Según la propia mandataria, "la intención" de la comisión se limita a aclarar los "muchos episodios no esclarecidos" de esa época "para que nunca vuelvan a ocurrir". Y afirmó:"El conocimiento, la información y la verdad son indispensables para el ejercicio de la ciudadanía".
La Comisión de la Verdad va a investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en un período más amplio, que abarca desde 1946 hasta 1988, año de la promulgación de la actual Constitución, según difundió la agencia de noticias EFE. El grupo especial podrá determinar responsabilidades pero no llevará a los posibles acusados ante la Justicia, pues una amnistía decretada en 1979 y ratificada en 2010 por el Supremo Tribunal ampara a los torturadores y a quienes se alzaron en armas contra el régimen. Las investigaciones durarán dos años, en los que se va a elaborar un informe.
